Caracas, 08 de mayo de 2007 / El Ministerio Público citó para imputar a cinco ex funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), por su presunta responsabilidad en los homicidios de nueve personas, ocurridos el 08 de mayo de 1986, en el caserío La Vaca, sector Barlovento del estado Yaracuy, hecho conocido como la masacre de Yumare. En tal sentido, se tiene previsto que el próximo 14 de mayo sean imputados Freddy Alí Grangger y Eugenio Creasola Armas. Asimismo, para el 15 de este mes deberán acudir ante el despacho del Ministerio Público, Raúl Fernández León y William Prado Sifontes. Finalmente, para el 16 está fijada la imputación de Cesáreo Soto Muñoz. Por esta investigación, que adelantan los fiscales 49 nacional y 2° de Yaracuy, Haifa Aissami y Miguel Gómez, respectivamente, han sido imputados otros 13 ex funcionarios del citado organismo de seguridad del Estado. Estos son: Oswaldo Antonio Barico, Henry López Sisco, Ignacio Castillo, Luis Bartolini, Alberto Ochoa, Julio César Martínez, Oswaldo Ramos Oviedo, Blas Antonio González, Nelson Antonio Durán, Germán Justino Lamoglia, Ramón Lovaina, Jesús Rafael Weih y Dioni Coronado. Los referidos ciudadanos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de actos y documentos y uso indebido de arma de guerra. Vale recordar que el Ministerio Público inició esta investigación el 29 de junio de 2006, luego que el Tribunal 6° de Control del estado Yaracuy admitió la querella presentada por familiares de las víctimas. La querella involucra a otras 28 personas, entre estas el ex presidente de la República, Jaime Lusinchi; el ex ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage; el ex ministro de la Defensa, vicealmirante Andrés Brito Martínez; el ex director de la Disip, Remberto Uzcátegui y el ex subdirector del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Mauro Yánez Pasarella. En el marco de la investigación, el Ministerio Público busca determinar el grado de participación y de responsabilidad de cada uno de los presuntos involucrados en la comisión de los referidos hechos. Adicionalmente, también se han ejecutado las exhumaciones de las víctimas a fin de determinar la forma en la que estas murieron. En tal sentido, se han realizado las exhumaciones de Dilia Rojas y Simón Romero en Yaracuy; Alfredo Caicedo, Néstor Castellanos y Ronald Morao en la jurisdicción del área metropolitana de Caracas; Pedro Jiménez en el estado Zulia; José Rosendo Silva, en Carabobo; Luis Guzmán en Bolívar, y está prevista la de Rafael Quevedo, en Trujillo, para el próximo mes de junio.
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